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lunes, 12 de enero de 2015

Ejemplar, el convenio sobre patrimonio subacuático suscrito por México y España: Jesús Prieto de Pedro



El juicio iniciado en 2007 por el
cual se resolvió que el cargamento recuperado de la fragata española
Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804, se repatriara de
Estados Unidos a la nación ibérica  constituye un referente en el orden
internacional en materia de protección del patrimonio subacuático.
Al respecto, Jesús Prieto de Pedro, ex
director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y Archivos y
Bibliotecas de España en el momento en que concluyó dicho litigio
internacional (2012), aseguró en entrevista desde el punto de vista
jurídico “no ha habido otro caso que haya generado una jurisprudencia
tan positiva. Y tampoco ha habido otro caso en el que se haya expresado
una porfía de un gobierno para conseguir recuperar unos bienes
expoliados por una compañía cazatesoros privada”.
En cuanto a México y la posición del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes respecto a la protección al
patrimonio subacuático, el presidente del organismo, Rafael Tovar y de
Teresa y el ministro de Educación, Cultura y Deporte de España,
José Ignacio Wert, firmaron el 10 de junio de 2014 el Memorándum de
Entendimiento para la Cooperación en la Identificación, Gestión,
Investigación, Protección, Conservación y Preservación de Recursos y
Sitios del Patrimonio Cultural Subacuático. 
Interrogado sobre la
importancia de este acuerdo,  Jesús Prieto de Pedro lo
consideró“ejemplar”. 
El convenio señala que ambas instituciones
tienen tanto autoridad como responsabilidad dentro de sus respectivos
países para la protección en beneficio público de los recursos y sitios
de patrimonio cultural subacuático, incluyendo los restos de los
naufragios y buques con relevancia histórica o arqueológica.
Jesús Prieto de Pedro, académico decano de
la Facultad de Derecho y vicerrector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de Madrid, expuso que los juicios de los navíos
Juno, Galga y la Fragata de las Mercedes, han generado confianza en el
gobierno español, sobre el valor de los instrumentos jurídicos para la
defensa del patrimonio cultural subacuático porque “antes las compañías
cazatesoros no tenían ningún contrapeso”.
El ex funcionario cultural español
destacó que estos procesos ayudaron a ordenar las políticas públicas de
defensa del patrimonio subacuático porque “han generado unos
instrumentos sobre todo de planificación y previsión para tener
estructuras organizativas de cara al futuro; tener un proyecto de
mediano y largo plazos. 
Esto se ha concretado en la aprobación en su día
por el gobierno español de la preparación del Libro Verde, Plan
Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español.”
En 2007, el Consejo de Ministros aprobó el
Plan Nacional del Patrimonio Cultural Subacuático, el cual no sólo
recoge los principios de la Convención de la UNESCO de 2001, sino que
además establece un decálogo de medidas que van desde la formación,
documentación e inventario arqueológico subacuático, hasta el
fortalecimiento del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y acuerdos
entre ministerios.
Para Jesús Prieto de Pedro este
documento “es un compromiso público con la ciudadanía porque es un plan
donde están publicadas las tareas que asume el Estado, en relación con
el patrimonio subacuático”. Se puede consultar este documento en:

 http://museoarqua.mcu.es/patrimonio_subacuatico/plan_nacional/index.html)
En los tribunales de Estados Unidos,
durante el juicio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, también
se presentó como parte interesada Perú, poniendo sobre la mesa otro
tema: las disputas por la propiedad de los bienes patrimoniales e
históricos de los barcos hundidos en el periodo de las Colonias. Al
respecto Jesús Prieto de Pedro señaló que ahí es donde la Convención de
Patrimonio Subacuático de la UNESCO tiene más peso:
 “A mi juicio la idea
más fuerte que transmite la Convención es que el patrimonio que se
encuentra en el fondo del mar, con independencia de la titularidad que
pueda corresponder por circunstancias históricas, es patrimonio de toda
la humanidad, lo cual implica un deber de solidaridad y cooperación
entre los países”.
En esa lógica y de cara al futuro, España
asignó los bienes de la fragata al Museo Nacional de Arqueología
Subacuática, con un apartado en el que se compromete, de acuerdo con los
principios de la convención, a poner a disposición de la humanidad
estos bienes “compartiendo el disfrute y la comprensión de este
patrimonio común con los países iberoamericanos”.

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